“Si el taxi fuera considerado servicio de interés económico general (SIEG) en la Unión
Europea, obtendría muchas ayudas económicas que ahora le están vetadas”.
Emilio Domínguez. Abogado experto en Movilidad y Transportes.
Un año de crisis sanitaria llevamos ya a las espaldas. Un año de limitación de derechos
fundamentales como movilidad y reunión, y un año de crisis de demanda para el taxi.
Ni turistas ni demanda interna, restricciones de todos los colores y la guinda del toque de queda. Colas interminables de taxis en las paradas y un sustancial transvase de trabajo de la calle a las aplicaciones.
Un año de petición de medidas para flexibilizar la oferta y ayudas para paliar las
pérdidas.
Un año con las tres administraciones ajenas al sufrir ciudadano, al autónomo
y a las necesidades de la actividad económica. Cada una con sus competencias y sesgo
ideológico, pero todas insuficientes en su apoyo al taxi.
Meses y meses de medias verdades sobre ayudas que no son lo que se cuenta. Y meses
y meses de peticiones desvariadas de muchos dirigentes sectoriales, precisamente condicionados por su sesgo ideológico en vez de defender al sector profesionalmente
por encima de sus intereses políticos o preferencias personales.
Meses y meses dirigiendo el tiro de las peticiones a quien no tiene competencia ni “la caja de los
dineros” de Europa. Meses y meses pidiendo nimiedades y olvidando que el sector necesita también inversión, y que es el Estado con políticas transversales de Transportes,
Sostenibilidad, Transición Ecológica y Economía quien puede integrar al taxi en los grandes programas de inversión y transformación digital y medioambiental, además, por supuesto de incrementar las “paguitas” para ir tirando. Meses y meses de no ver más
allá del volante del taxi y no pensar en grande.
La organización de taxistas más representativa de España mantuvo, en su día, una intensa agenda a nivel europeo, promoviendo que el taxi fuera considerado a nivel de
toda la Unión Europea, como un SIEG, pero esa tarea ha quedado abandonada.
¿Qué es eso de SIEG? Pues bien, los SIEG son actividades económicas que producen resultados en aras del bien público general y que el mercado no realizaría (o lo haría en condiciones distintas por lo que respecta a la calidad objetiva, seguridad, asequibilidad, igualdad de trato y acceso universal) sin una intervención pública.
Los Estados Miembros ejercen sus competencias solo en la medida en que no lo haya hecho la Unión Europea. Esta es la fórmula que actualmente se produce en el transporte de pasajeros en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, que no regula ahora Europa, pero que bien podría hacerlo (sobre todo si esa organización de taxistas siguiera trabajando en esa línea) en el sentido, además de que la naturaleza de los servicios que los taxistas prestan a la sociedad, son Servicios de Interés Económico General (SIEG), de lo que se derivaría cierta obligación específica de servicio público (OSP).
El concepto de SIEG es mucho más amplio y no debe de confundirse con el de servicio de interés general o servicio de titularidad pública, cuya gestión por la Administración puede llevarse a cabo a través de una colaboración con entidades privadas.
Esto es, un Servicio que la Constitución o la ley atribuyen a la titularidad de alguna administración pública y que ha de ser gestionado directamente por ella misma o mediante fórmulas de colaboración con sujetos privados, como la concesión o la empresa mixta”. (por ejemplo, una línea de autobús o una contrata de limpieza del viario público)
En este contexto lo que está claro es que el transporte público regular terrestre de viajeros ha sido considerado desde siempre un SIEG, por lo que tanto la Unión como los Estados Miembros tienen que velar por que dicho servicio actúe con arreglo a “principios y condiciones, en particular económicas y financieras, que les permitan cumplir su cometido”, mientras que el sector del transporte público de viajeros en vehículos de turismo (TAXI), aunque no aparece explícitamente así descrito en los
textos legales, posee ciertas características que hacen posible que se encuadre dentro de la definición de SIEG, habiendo también jurisprudencia comunitaria que apoya esa inclusión sobre las tarifas públicas razonables y un nivel estándar de calidad. Italia, por ejemplo, ha avanzado con una jurisprudencia reiterada y ha establecido que los servicios de taxi son “servicios públicos esenciales”.
Luchar por conseguir esta calificación legal del servicio de taxi como SIEG, finalmente abre la puerta a las ayudas económicas que ahora le están vetadas y que el taxi necesita como agua de mayo para dar viabilidad a su negocio en la próxima década, y de las que sí están gozando los trasportes regulares de autobús urbano o interurbano o los ferrocarriles.
Además de jugar en “otra liga” el taxi podría interesarse por incluirse en los enormes paquetes presupuestarios de digitalización y sostenibilidad de la Agenda 21, y adaptarse a un futuro que es inexorable, se pongan como se pongan algunos.
Confiar la viabilidad del negocio solo a factores externos, como es que regrese un nivel de demanda como el de 2019, igual no es lo más prudente, porque igual tarda en venir
o no viene nunca, o cuando venga hay otros que tienen más herramientas para asumirla.
El taxi se merece que sus dirigentes vayan un paso por delante de los acontecimientos.
Puede que el dedo no deje ver la luna a algunos o su sesgo les impida dirigir al sector a metas más ambiciosas que, por ejemplo, un uniforme que parece de conserje, o a la gresca permanente contra una administración concreta por aspectos poco importantes para el día a día de sus supuestos representados.
Quizá simplemente carecen de puntería para atinar en el núcleo de los verdaderos problemas y temas que encaucen el presente y futuro del sector, como por ejemplo este camino del SIEG que algunos “leales al futuro de sus compañeros” iniciaron.
El tiempo lo dirá, pero no está la cosa como para perderlo.
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